Hay opciones. Sabemos cuáles son.

La frase más repetida en una primera consulta concursal es "sé que tenía que haber venido antes". Pocas veces la causa es desconocimiento técnico. La causa habitual es que el problema no parecía bastante grande en su día, o parecía demasiado grande como para nombrarlo, o parecía que se iba a arreglar solo. El tiempo entre la primera señal real y la consulta jurídica suele ser de doce a veinticuatro meses. En ese lapso, las opciones legales pasan de cinco a dos, y las dos restantes suelen ser las peores.

"Zona gris" es el periodo en que la empresa todavía no es insolvente en sentido jurídico, pero ha dejado de funcionar como antes. Señales operativas frecuentes: refinanciaciones que se acumulan, líneas de crédito agotadas, retraso reiterado en cuotas, impagos puntuales a proveedores estratégicos, deuda con Hacienda o Seguridad Social que crece. La zona gris no es estado jurídico, es estado de hecho. Es el momento exacto en que conviene un diagnóstico, porque en zona gris hay vías abiertas que se cierran solas con el paso del tiempo.

Cada semana sin decisión erosiona las herramientas disponibles. En el mes tres desde el primer síntoma serio, el deudor suele tener cinco vías: refinanciación bilateral, comunicación de apertura de negociaciones del art. 583 TRLC, plan de reestructuración, concurso voluntario y mecanismos de exoneración personal. En el mes dieciocho, suelen quedar dos, y son habitualmente las más costosas. La diferencia entre quien consulta pronto y quien consulta tarde no es de inteligencia ni de carácter, es de ritmo.

Primero, diagnóstico real con cifras y plazos, no estimación de cabeza. Segundo, identificación del estado de insolvencia: probable, inminente o actual, porque cada categoría abre instrumentos jurídicos distintos (arts. 2 y 583 TRLC). Tercero, elección de foro: negociación bilateral, preconcurso, plan de reestructuración con o sin homologación, concurso voluntario o exoneración personal. Cuarto, preparación del expediente antes de mover ficha en el foro elegido. Quinto, ejecución.

No decidir es decidir. Tiene tres consecuencias previsibles. Una, el plazo legal de dos meses del art. 5 TRLC corre y, si se incumple, activa una presunción de conducta gravemente negligente del administrador social. Dos, las opciones se reducen porque vencen ventanas. Tres, los costes aumentan: intereses, gastos de defensa frente a ejecuciones, deterioro de masa activa. Cada mes sin decisión tiene un coste real, no fabricado, que después se paga.

El art. 5 del Texto Refundido de la Ley Concursal (RDL 1/2020) impone al deudor la obligación de solicitar el concurso voluntario en el plazo de dos meses desde que conoce o debe conocer su estado de insolvencia actual. Incumplir el plazo activa una presunción de culpabilidad en la sección de calificación, con consecuencias de responsabilidad personal sobre el administrador social.

El art. 2 TRLC distingue dos estados. Insolvencia actual es la situación del deudor que no puede cumplir regularmente sus obligaciones exigibles. Insolvencia inminente es la previsión de no poder cumplir las obligaciones que vencerán en los próximos tres meses. Solo la insolvencia actual activa el deber legal de solicitar concurso en el plazo de dos meses del art. 5 TRLC. La insolvencia inminente permite, pero no obliga, acudir al concurso voluntario o al preconcurso.

La comunicación de apertura de negociaciones del art. 583 TRLC produce efectos suspensivos sobre ejecuciones singulares y sobre solicitudes de concurso necesario durante tres meses, prorrogables por otros tres en supuestos tasados. Pasado el plazo sin acuerdo, el deudor tiene un mes para solicitar concurso voluntario si subsiste la insolvencia. La protección no es absoluta: hay créditos públicos y garantías reales con régimen especial.

El art. 295 TRLC concede diez días naturales desde la puesta de manifiesto de la lista de acreedores definitiva por el administrador concursal. El plazo es preclusivo. La impugnación se sustancia por el cauce del incidente concursal y debe fundamentarse documentalmente. Errores u omisiones no impugnados a tiempo se consolidan, con efectos sobre el orden de prelación de cobros y sobre las mayorías en convenio.

Depende de tipo, tamaño y conflictividad. Un concurso abreviado bien preparado puede cerrarse en seis a doce meses. Un concurso ordinario con convenio y sección de calificación abierta se sitúa con frecuencia entre dieciocho y treinta y seis meses. Un procedimiento con liquidación y enajenación de unidad productiva puede extenderse más. La duración real depende menos de la norma y más de la calidad de la documentación contable y de la coordinación entre administración concursal y defensa.

El concurso voluntario lo solicita el propio deudor en cumplimiento del deber del art. 5 TRLC. El concurso necesario lo solicita uno o más acreedores conforme al art. 2.4 TRLC, alegando hechos reveladores de la insolvencia. En el voluntario, el deudor conserva la administración con intervención, puede proponer administrador concursal del listado y controla la narrativa. En el necesario, el deudor pierde la administración por sustitución y la presunción de culpabilidad sobre su conducta es la regla.

El concurso sin masa, regulado en los arts. 37 bis a 37 quinquies TRLC, se aplica cuando el deudor solicita concurso y carece de bienes y derechos suficientes para satisfacer los créditos contra la masa previsibles. El juzgado declara el concurso y, sin nombramiento ordinario de administración concursal, abre un trámite simplificado que puede desembocar en conclusión por insuficiencia. Para persona física, es vía habitual de acceso a la exoneración del pasivo insatisfecho del art. 489 TRLC.

Es el órgano técnico designado judicialmente, con funciones reguladas en los arts. 86 y siguientes TRLC. Sus tareas centrales: elaboración del informe del art. 290 TRLC, formación del inventario de la masa activa, lista de acreedores, gestión o supervisión de la actividad del deudor según el régimen acordado, propuesta de calificación, y, si procede, dirección de la liquidación. Una relación profesional y transparente con la administración concursal acorta plazos. Una relación de conflicto los alarga y agrava la calificación.

El art. 6 TRLC enumera el contenido de la solicitud: memoria de la historia jurídica y económica del deudor, inventario de bienes y derechos, relación de acreedores, plantilla de trabajadores, cuentas anuales de los tres últimos ejercicios, y demás documentos exigidos. Cuentas no aprobadas, libros no legalizados, conciliación bancaria pendiente o operaciones intragrupo sin documentar son señales que la administración concursal y el juez leen como indicios para la calificación.

La relación laboral no se extingue automáticamente. La empresa puede continuar la actividad si tiene viabilidad. Despidos, suspensiones o modificaciones sustanciales colectivas se tramitan ante el juez del concurso por el cauce de los arts. 169 y siguientes TRLC, con intervención del comité o representantes legales. Los créditos salariales tienen privilegio según naturaleza y antigüedad, y los últimos treinta días tienen carácter de crédito contra la masa.

El Libro III TRLC, incorporado por la Ley 16/2022, regula un procedimiento especial para microempresas: deudores con menos de diez trabajadores y volumen de negocio o activo inferior a los umbrales establecidos en el art. 685 TRLC. Es un procedimiento más rápido, electrónico, con formularios normalizados y menor intervención profesional obligatoria. Su agilidad teórica se pierde si las cuentas no están al día o si surgen impugnaciones.

Cualquier persona física, sea empresario, autónomo o particular, que cumpla los requisitos del art. 487 TRLC: ser deudor de buena fe, no haber sido condenado por delitos contra el orden socioeconómico en los diez años previos, no haber obtenido la exoneración previamente dentro del plazo legal de no reiteración, y los demás supuestos del artículo. El análisis previo de encaje es imprescindible.

La buena fe se define negativamente en el art. 487 TRLC, mediante la enumeración de las causas que la excluyen: condena firme por delitos económicos en los diez años previos, declaración de concurso culpable por dolo o culpa grave, incumplimiento sustancial del deber de colaboración, ocultación o falseamiento de información. La buena fe se construye con documentación: contabilidad ordenada, inventario fidedigno del pasivo, ausencia de actos rescindibles relevantes, colaboración activa con la administración concursal.

El art. 489 TRLC establece la regla general de exoneración y enumera las excepciones. Quedan habitualmente fuera: créditos por alimentos, créditos por responsabilidad civil derivada de delito, ciertos créditos públicos hasta un importe máximo exonerable, créditos por salarios privilegiados dentro del límite legal, créditos garantizados con garantía real respecto del valor de la garantía. La definición exacta exige análisis individual.

Los créditos de derecho público tienen tratamiento específico en el art. 489 TRLC: son exonerables hasta un importe máximo determinado por la ley, y por encima de ese límite quedan fuera de la exoneración. La parte no exonerable queda viva tras la conclusión del procedimiento, sujeta a las normas generales tributarias y de Seguridad Social. Para deudores con pasivo público elevado, la valoración previa de cuánto se exonera y cuánto subsiste es decisión estratégica anterior a iniciar el procedimiento.

La respuesta exige análisis caso por caso. La vivienda habitual hipotecada se valora respecto del valor de la garantía: la parte cubierta por la hipoteca queda excluida de la exoneración y el banco conserva su acción real sobre la finca. La parte de deuda no cubierta puede exonerarse en los términos del art. 489 TRLC. La práctica habitual combina continuidad del pago, dación en pago negociada, ejecución diferida o plan de pagos. La vivienda no se pierde automáticamente.

Sí. La exoneración del pasivo insatisfecho no inhabilita para el ejercicio de actividad económica ni para administrar sociedades. La información sobre la exoneración queda inscrita en el Registro Público Concursal durante el plazo legal aplicable, con impacto en la calificación crediticia pero no en la capacidad jurídica. La reconstrucción durable depende menos del estigma reputacional y más de la reconstrucción de hábitos económicos prudentes.

El preconcurso, comunicación de apertura de negociaciones del art. 583 TRLC, es un mecanismo extrajudicial con protección judicial mínima que permite al deudor negociar con sus acreedores fuera del procedimiento concursal pleno. Tiene efecto suspensivo limitado y se orienta al cierre de un plan de reestructuración. El concurso es el procedimiento judicial pleno de insolvencia, con administrador concursal designado y todas las fases. Bien usado, el preconcurso puede evitar el concurso.

Es el instrumento regulado en los arts. 633 a 685 TRLC, introducido en la reforma de 2022. Permite reestructurar la deuda de una empresa viable mediante quita, espera, conversión, transmisión de unidad productiva u otras medidas, con efecto vinculante para clases de acreedores que no hubieran consentido individualmente (arrastre), siempre que se cumplan las mayorías y se obtenga la homologación judicial. Es el mecanismo más potente del ordenamiento español para empresas con balance dañado pero negocio salvable.

Es viable cuando hay un negocio que, descontada la deuda histórica, genera EBITDA suficiente para sostener la nueva estructura financiera, y cuando el deudor tiene tiempo y caja para llevar el proceso a su término. No es viable cuando el deterioro operativo es estructural, cuando la falta de tesorería impide sostener la actividad durante la negociación, o cuando la composición de la mesa de acreedores hace imposible reunir las mayorías. Forzar un plan a una empresa inviable retrasa la liquidación y agrava su coste.

El régimen de mayorías está regulado en los arts. 638 y siguientes TRLC, con votación por clases de acreedores. La regla general es la aprobación por mayoría del pasivo dentro de cada clase, con normas específicas sobre clases formadas, sobre el tratamiento del crédito público, y sobre las condiciones de arrastre entre clases (cross-class cram-down). La estructuración de clases es decisión técnica de primer orden.

Sí, en supuestos definidos. El art. 367 LSC impone responsabilidad solidaria al administrador por deudas sociales posteriores a la causa legal de disolución si no convoca junta para promover la disolución o no insta la disolución judicial. La sección de calificación del concurso, regulada en los arts. 441 y siguientes TRLC, puede declarar el concurso culpable y condenar al administrador a cubrir el déficit concursal. El incumplimiento del plazo del art. 5 TRLC y los actos rescindibles del periodo sospechoso son los detonantes habituales.

Es la sexta sección del procedimiento concursal, regulada en los arts. 441 a 463 TRLC, en la que se determina si el concurso es fortuito o culpable. Se abre cuando se aprueba un convenio especialmente gravoso, cuando se acuerda la liquidación, o en supuestos similares. La calificación culpable se acompaña habitualmente de inhabilitación temporal del administrador, pérdida de derechos como acreedor concursal y eventual condena a cubrir el déficit.

Los arts. 226 y siguientes TRLC permiten al juez del concurso rescindir actos perjudiciales para la masa activa realizados por el deudor dentro de los dos años anteriores a la declaración del concurso, aun cuando no exista intención fraudulenta. Son objetivo habitual: pagos preferenciales, transmisiones a personas vinculadas, constitución de garantías reales sobre obligaciones preexistentes no garantizadas, daciones en pago sin equivalencia. La auditoría preventiva es trabajo defensivo imprescindible.

Rara vez resuelve el problema, y casi siempre lo convierte en dos: el de la empresa, que sigue ahí, y el de la familia, que ahora también queda expuesta. El aporte cubre tres a seis meses de tesorería, la causa estructural del deterioro empresarial no se ha corregido, y al final de ese periodo la empresa sigue insolvente y el patrimonio familiar ha entrado en zona de riesgo. La decisión de aportar patrimonio personal a una empresa en crisis exige diagnóstico previo de viabilidad.

La protección patrimonial legítima se construye en tiempo de paz, no en zona de insolvencia. Sus instrumentos habituales: separación temprana entre patrimonio empresarial y personal mediante estructura societaria adecuada, capitulaciones matrimoniales con causa real otorgadas en momento no sospechoso, planificación sucesoria y protocolo familiar, pactos de socios con cláusulas de salida. Las maniobras realizadas ya en zona gris o en insolvencia inminente no son protección, son riesgo: alzamiento de bienes, acción rescisoria concursal, agravamiento de la calificación.

Depende del estado de la negociación y del nivel de presión. Si hay margen real de acuerdo bilateral y la cuenta de explotación lo soporta, la negociación previa es preferible: menos coste, menos publicidad, más flexibilidad. Si la negociación se atasca, si un acreedor amenaza con concurso necesario, o si se necesita arrastrar a acreedores disidentes, el preconcurso del art. 583 TRLC o el plan de reestructuración del art. 633 TRLC ofrecen herramientas que la negociación bilateral no tiene.

Cambia el interlocutor y cambian los incentivos. El banco originador suele querer recuperar capital y descargar provisión. El fondo cesionario compra el crédito con descuento (con frecuencia entre el sesenta y el noventa por ciento del nominal) y su umbral de aceptación es muy distinto. Conocer si la deuda sigue en balance del banco o ha sido cedida es información que cambia radicalmente el poder de negociación.

Los créditos públicos tienen régimen específico. Existen instrumentos como el aplazamiento y fraccionamiento del art. 65 LGT, los acuerdos de pago con la TGSS, y, en concurso, el tratamiento del crédito público bajo las reglas del TRLC. La negociación con estas administraciones exige documentación rigurosa, propuesta realista y, con frecuencia, garantías. Forzar una propuesta que la administración rechazará por automatismo es desgaste sin retorno.

No. Los acreedores no son bloque homogéneo. La mesa de negociación se diseña con tratamiento diferenciado por clase: financieros garantizados y no garantizados, comerciales estratégicos y no estratégicos, públicos con reglas propias, laborales con privilegio singular, intragrupo con regla específica de subordinación. La negociación bilateral previa con cada clase, antes de cualquier mesa colectiva, es regla general.

Depende del régimen económico matrimonial y de la existencia o no de aval personal. En régimen de gananciales, los bienes comunes pueden responder de deudas contraídas por uno de los cónyuges en el ejercicio de su actividad económica, conforme a los arts. 1362 y siguientes del Código Civil, con matices. En régimen de separación de bienes, el patrimonio del cónyuge no deudor queda en principio fuera, salvo aval personal expreso. La revisión documental concreta es imprescindible.

El aval personal independiza la posición del avalista de la situación de la empresa avalada. Si la empresa entra en concurso, el acreedor puede ejecutar el aval contra el patrimonio personal del avalista, en paralelo al procedimiento concursal de la sociedad. El aval personal es la vía habitual por la que una insolvencia empresarial limitada se transforma en exposición personal completa. La revisión de los avales firmados es trabajo de primer orden.

Pronto, con datos y sin teatro. Posponer la conversación es protección del propio empresario, no protección de la pareja. La pareja que no sabe queda más expuesta a decisiones inconsultas, a la fuga de tiempo y a la imposibilidad de planificar la vida familiar. La conversación tiene tres elementos mínimos: cifras objetivas de la situación actual, opciones legales que hay sobre la mesa, y horizonte temporal realista. La pareja informada es activo, no riesgo.

El diagnóstico inicial tiene un coste fijo cerrado que comunicamos antes de la cita. Incluye análisis previo de la documentación que el cliente facilita, reunión presencial o telemática, identificación del estado jurídico de insolvencia, mapeo de las opciones disponibles con su coste estimado, y un siguiente paso recomendado por escrito si la decisión lo pide. Si tras el diagnóstico se decide no continuar, no hay coste adicional.

La sede del despacho está en Barcelona, pero la práctica diaria se lleva en todo el territorio español. En materia internacional, atendemos en inglés operativo desde el primer contacto. Coordinamos con asesores legales locales en la jurisdicción de la contraparte cuando el caso lo pide.

Javier Esplá es el responsable directo del equipo. Cada expediente entra a la mesa del titular y no se delega en estructura intermedia. El cliente trata con el abogado que estudia su caso, no con un gestor que traslada mensajes. Es una decisión de modelo: veinticinco años de oficio caben en una sola interlocución, sin capas que diluyan el criterio.

Cada encargo lleva su propia propuesta de honorarios, cerrada y por escrito, antes de empezar. Según el tipo de asunto, la fórmula puede ser precio fijo por fase, iguala mensual o una combinación de ambas. No hay letra pequeña ni conceptos que aparezcan después. Lo que cuesta cada cosa se sabe antes de encargarla.

Todo lo que el cliente comparte queda amparado por el secreto profesional del abogado. Esa protección rige desde el primer contacto, incluso si después no hay encargo. La documentación se trata con la misma reserva, antes y después del diagnóstico.

El bloqueo entre socios al 50% es una de las causas más frecuentes de disolución forzosa de sociedades viables. El art. 363 LSC permite la disolución judicial por imposibilidad manifiesta de funcionamiento de los órganos sociales. En la práctica, la salida ordenada exige mecanismos previstos en pacto de socios: ruleta rusa, texas shoot-out, oferta y contraoferta, mediación con tercero designado. Sin pacto, las vías son la negociación con asesoramiento independiente o el cauce judicial, ambos lentos y costosos.

Cláusulas de transmisión (lock-up, derecho de adquisición preferente, tag along, drag along), cláusulas de gobierno (mayorías reforzadas para decisiones críticas, composición del órgano de administración), cláusulas económicas (preferencias de liquidación, política de dividendos), cláusulas de salida (put, call, supuestos de incumplimiento), cláusulas anti-dilución cuando hay rondas previstas, y mecanismos de resolución de conflictos. La ausencia de cualquiera de estos bloques es fuente de litigio futuro.

La Ley de Sociedades de Capital permite la exclusión de socios en supuestos tasados, conforme al art. 350 LSC para la sociedad limitada: incumplimiento de prestaciones accesorias, infracción de prohibición de competencia, condena por sentencia firme a indemnizar la sociedad. Fuera de esos supuestos, la expulsión exige vía estatutaria o contractual previa: causas adicionales en estatutos, mecanismos de salida en pacto de socios. Sin previsión, no se puede expulsar; se pueden ejercer otras acciones como las de responsabilidad o impugnación de acuerdos.

Depende de lo previsto en estatutos y pacto de socios. Sin previsión específica, el socio saliente solo puede vender a tercero respetando el derecho de adquisición preferente del resto. Si no hay comprador y la sociedad no puede recomprar dentro de los límites de autocartera del art. 134 LSC, el socio queda atrapado. Las cláusulas de salida con valoración por experto independiente y pago aplazado son la vía habitual para resolver este bloqueo sin destruir la empresa.

Depende del perfil del inversor (persona física o jurídica), de su jurisdicción de origen, del importe, del horizonte temporal y de la estrategia de salida. Las opciones habituales son: inversión directa en la sociedad española, holding interpuesto en jurisdicción con convenio favorable, vehículo de capital riesgo regulado. Cada estructura tiene consecuencias distintas en tributación de dividendos, plusvalías y deducciones por doble imposición. La decisión exige análisis comparativo previo.

Sí. El Número de Identificación de Extranjero (NIE) es requisito imprescindible para cualquier acto con trascendencia tributaria o registral en España: constituir sociedad, suscribir participaciones, comprar inmueble, abrir cuenta bancaria, otorgar escritura pública. La tramitación puede hacerse desde el extranjero por poder notarial. Sin NIE, la operación queda paralizada en el momento de la firma notarial.

Las decisiones críticas son: persona física versus sociedad, con impacto en ITP/AJD, IRPF/IS, IBI y plusvalía municipal; financiación, dado que la hipoteca a no residentes tiene condiciones específicas; régimen de no residente o residente fiscal según permanencia en España; y planificación sucesoria desde el inicio, porque la ley aplicable a la sucesión se determina por residencia o por nacionalidad del causante según opción del art. 22 del Reglamento (UE) 650/2012.

La Ley 19/2003 y el RD 571/2023 someten determinadas inversiones a autorización previa del Gobierno: inversiones extracomunitarias en sectores estratégicos (energía, telecomunicaciones, infraestructuras críticas, defensa, tecnologías sensibles), inversiones de fondos estatales o controlados por gobiernos no comunitarios, y operaciones que superen ciertos umbrales en empresas cotizadas. Verificar el régimen aplicable antes del cierre de la operación es trabajo de primer orden.

Filial (sociedad constituida en el país destino) ofrece autonomía jurídica y limitación de responsabilidad, pero exige más estructura y coste. Sucursal (extensión de la matriz) es más ligera pero responsabiliza directamente a la matriz por las obligaciones generadas. Joint venture con socio local da acceso a mercado y conocimiento pero introduce conflicto potencial entre socios. La decisión se toma con análisis fiscal y operativo previo, atendiendo al país concreto.

Ley aplicable y foro competente, con elección expresa siempre que sea posible; territorio y exclusividad; duración y supuestos de terminación; indemnización por clientela, donde la Directiva 86/653/CEE y la Ley 12/1992 sobre Contrato de Agencia son aplicables si la agencia se ejecuta en territorio europeo; cláusulas de no competencia y de confidencialidad; mínimos de compra o de actividad.

Registro previo de marca, patente y diseño en cada jurisdicción donde se vaya a operar, mediante mecanismos internacionales (Sistema de Madrid para marcas, PCT para patentes, Sistema de La Haya para diseños) o nacionales según el caso. Cláusulas contractuales de cesión y licencia con identificación expresa de titularidad. Pactos de no divulgación con la contraparte local. La protección depende del trabajo previo, no de la reacción ante el incumplimiento.